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“En concreto, el flujo neto de migrantes entre México y Estados Unidos se ha reducido a cero por primera vez en el lapso antes mencionado. El cambio de tendencia supone el estancamiento de la oleada migratoria más importante en la historia estadounidense”, refiere PHC, contrariando así las expresiones oficiales, con alto contenido xenófobo y racista.




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La guerra del gobierno mexicano expulsó a 230 mil personas
Enviado el Monday, 18 April a las 00:00:00
Tópico: Internacional
* Informe de Noruega analiza los efectos de los enfrentamientos.
* La mayoría salió de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
* La mitad huyó a estados Unidos y la otra se dispersó.
* Hay poblados que son objeto de vandalismo como Ciudad Juárez.


Redacción / Carta Mesoamericana
Oslo, Noruega



El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) reveló que, a causa de la violencia desatada por la guerra del gobierno mexicano contra el narcotráfico, alrededor de 230 mil personas en México se han visto orilladas a salir de sus lugares de origen.


De acuerdo con un informe sobre el tema, la mitad de ellos habrían escapado hacia Estados Unidos, lo que significaría que en el país hay unos 115 mil refugiados internos, la mayoría provenientes de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, aunque este fenómeno también ha comenzado a afectar a los habitantes de Baja California, Sinaloa y Michoacán.


El IDMC, surgido en 1998 y vinculado en Oslo con la organización humanitaria independiente Consejo Noruego para los Refugiados, difundió un informe en el que analiza los efectos de la confrontación del gobierno mexicano con los grupos del crimen organizado, que destruye los poblados en sitios tan riesgosos como Ciudad Juárez, Chihuahua.


En el documento, el centro advierte que, a pesar de las dificultades para obtener cifras exactas, se calcula que “el número de personas que han huido de sus hogares asciende a 230 mil”, la mitad de las cuales se han dirigido a Estados Unidos, lo que da un resultado de 115 mil desplazados internos.


Destaca comunidades de Tamaulipas y Chihuahua, que son hasta ahora las dos entidades más castigadas por la violencia y de donde han salido más personas en este éxodo.


Los municipios tamaulipecos más afectados son Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, donde hay miles de viviendas de todo tipo, particularmente de interés social, que han sido abandonadas por sus dueños.


Un ejemplo destacado es la huida de más de 400 pobladores de Ciudad Mier, ocurrida a inicios de noviembre de 2010, luego de que Los Zetas amenazaran con matar a cualquier persona que se quedara en la localidad, como consignó en su momento La Jornada (11 y 19/11/10).

En el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez y el Valle de Juárez son los dos puntos donde es más notorio el desplazamiento de personas por la violencia.


IDMC informó que, de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde 2007 habían huido por dicha causa unas 230 mil personas. Además, cifras de diversas autoridades locales revelaron que hay 116 mil hogares vacíos, 11 mil negocios que prefirieron cerrar y 11 mil alumnos que abandonaron sus estudios.


Muchos dueños de negocios y profesionistas independientes de clase media alta prefirieron irse a Estados Unidos: entre 2007 y 2009, unos 55 mil llegaron a El Paso, Texas, y 68 mil a otras ciudades del país vecino.


Los restantes 115 mil han huido a Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz, aunque por la falta de información sobre el fenómeno, se ignoran sus condiciones vida, “ya que no existe ninguna agencia nacional o internacional que dé seguimiento a los desplazamientos forzados de población en el país”.


Otro aspecto delicado en el informe es el relativo a la defensa de las casas, tierras y propiedades de las víctimas mientras éstas no se encuentran en su lugar de origen, ya que en muchas comunidades los hogares vacíos han sido saqueados.


El IDMC subrayó que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de proteger a los desplazados por la violencia, de forma que esta situación no se traduzca en un menoscabo de sus derechos humanos.


Señaló que las agencias internacionales con mandato de protección que operan en México también deben hacer lo posible por investigar y documentar el éxodo, y promover soluciones duraderas para esta población.


 
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